Por una sanidad pública

Estulin airea las intrigas del Vaticano.

¿Qué hay detrás de la dimisión del papa Benedicto XV I? ¿Qué papel desempeña la masonería en los juegos de poder? ¿Quién mueve los hilos del Vaticano?

Fuente:RT Actulidad

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/88865-estulin-vaticano-masoneria-papa-dinero

Àngeles Maestro en este artículo publicado en Por una sanidad pública analiza el largo proceso en el que se está gestando la privatización de la sanidad y para evitarlo concluye:

“Es preciso que en este momento nos centremos en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización…”

Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta y que se conoce como políticas neoliberales. Se trata de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia. De ella forman parte la drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, la instauración de políticas de reducción del déficit – con la correspondiente disminución de presupuestos sociales – , la liquidación de derechos laborales y sociales y las privatizaciones.
Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.
El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque – en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada.
En el Estado español este proceso se inicia a mediados de los ochenta, por el PSOE, coincidiendo con la entrada en la CEE, y es continuado por los gobiernos del PP.
El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un % considerable del PIB (el 7% en 2013).
Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, la industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública. El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene sus puestos asegurados, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.
En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo. A semejanza de Gran Bretaña donde se publicó un informe, “Working for Patients”, que sirvió como hoja de ruta para la privatización y el desmantelamiento del mejor servicio sanitario de Europa Occidental, el Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la “Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud”.

El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo un programa de preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe fue abortada porque como Diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.
Se procedió a la privatización – “externalización” – de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc. Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza hospitalaria, que fueron a parar en gran parte a empresas constructoras tales como Ferrovial, FCC o Dragados y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario1.

Manifestación en Madrid, en 2009, contra la ley 15/97 que abrió la puerta a la privatización de la sanidad pública
En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente de su votación, CC.OO. emitió un comunicado congratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS”2.

La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.
Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: Sacyr, Dragados, FCC, Acciona, .. una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas.

Mención especial merece la empresa CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners. Este grupo, de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene una oficina central en Londres y su sede se encuentra en Luxemburgo. Esta empresa tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública, con sus negocios principales en Madrid (Hospitales Jimenez Díaz, Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba3, además de dos centros de especialidades) en Castilla la Mancha (hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares y Almansa) y en Cataluña, con importantes conciertos, y con el Hospital Universitari Sagrat Cor, integrado en la red de utilización pública.

La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.  .

Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica4.

El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solamente un expolio de recursos públicos, es además un crimen.
El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el coste.
La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:

  • Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
  • Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
  • Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
  • Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
  • Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.

La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.
La realidad descarnada es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.
Dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.
Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos:

  • Ni una privatización más
  • Derogación de la Ley 15/97
  • Devolución a manos públicas todo lo privatizado.
Fuente: kaosenlared
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sangre real? pues que lo demuestren

Según la Tradición, en el año 882 el monje Badilon lleva, desde Saint Maximin la Sainte Baume a Vezelay las reliquias de María Magdalena. Se dice que los restos de María Magdalena reposan en un sarcófago guardado dentro de la Cripta de la Basílica de Santa Magdalena en Vezelay.

Esta es la Abadía de Vezelay, en Borgoña, Francia, actualmente conocida como la Basílica de Santa Magdalena de Vezelay. En su Cripta existe un sepulcro, que según la tradición, guarda los restos de María Magdalena.

Seguramente, el “heredero legítimo” para ocupar el puesto de Rey Universal, que gobernará y reinará desde Jerusalén, en los tiempos venideros, tendrá que hacerse las pruebas médicas de confrontación de ADN, para certificar científicamente su linaje sagrado, y así convencer al público de su verdadera descendencia real merovingea y de su descendencia directa de María Magdalena, nada más y nada menos.

Y posiblemente, y sorprendentemente, que el resultado del examen de ADN del nuevo Mesías Masónico, dará positivo con aquellos restos, porque vaya usted a saber de quién son esos restos de la Abadía de Vezelay….

Porque esas reliquias ya están preparadas allí desde hace mucho tiempo. Por eso que el culebrón y el fraude del Anticristo no es algo que surgirá de repente, un buen día y de la noche a la mañana, sino que en realidad lleva preparándose esta maquinación ocultista desde hace muchos siglos.

A partir del siglo XI, el culto a Magdalena se estableció en la Basílica de María Magdalena de Vézelay, en la provincia francesa de la Borgoña; La iglesia se consagró a la “Santa” en el año 1096, justo en la misma época en que empieza la 1ª Cruzada.

Aquí, en Vézelay, fué donde San Bernardo, en 1128, consagró la Orden de Los Templarios, los cuales desde siempre veneran a su “diosa”, la Magdalena, ya que al mismo tiempo las sociedades secretas identifican a Magdalena con Isis, la diosa egipcia, pues para los iniciados no deja de ser la misma figura pagana de la “diosa madre”.
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Entre los reyes merovingios que fueron conspiratoriamente depuestos del trono francés hace más de mil trescientos años se citan asimismo a los sicambros, descendientes de la tribu judía de Benjamín, que emigraron sucesivamente a la Arcadia, a Sicilia, a los Alpes y a las orillas del Rin. De Meroveo hasta Clodoveo, los reyes merovingios, apodados los Ursus, fueron paganos entregados al culto de Diana.

 El famoso jarrón de Soissons contenía muestras de la sangre de los treinta y nueve primeros reyes francos, que fueron merovingios. La dinastía de los carolingios y la de los capetos (el rey Felipe el Hermoso, destructor de la Orden del Temple, era un Capeto) no eran legítimas, ya que el último rey merovingio, Dagoberto II, asesinado en el año 679 cerca de Stenay, en las Ardenas, tenía un hijo, Sigisberto IV, que escapó a la suerte de su padre, fue salvado por un tal Meroveo Levy, puro sicambro, quien le llevó en secreto a Rennes-le-Château. Sigisberto IV, llamado Plant-Ard (Retoño Ardiente), se casó con la hija del rey visigodo español Wamba y dio nacimiento al linaje de los condes del Razès, del que provenían también los Blanchefort. Los Sicambros descendientes de la tribu de Benjamín se emparientan con la dinastía Merovingia (traen según dice la leyenda a Magdalena embarazada de Jesucristo). Se crea una “Nueva dinastía” entre los hijos de Magdalena y los Merovingios, a partir de Dagoberto II (679), le sigue Sigisberto IV (688), casado con una hija de Wamba, dando linaje a Los Condes del Razés. El nieto de Sigisberto IV llamado Sigisberto VI (879), trata de conquistar el trono de Francia, luchando contra Luis II, si éxito. De la misma línea (merovingio Sicambro) surge Godofredo de Bouillón, Duque de Lorena, jefe Templario de la Primera Cruzada. Este linaje es el único que puede pretender legítimamente al trono de Francia. Tal era, según el secreto genealógico-dinástico contenido en los pergaminos encontrados por el abate Saunière en la Iglesia de Rennes-le-Château y que estaban acuñados, por el sello de Blanca de Castilla. El linaje cripto-merovingio se perpetuó en la sombra hasta nuestros días, de modo que el “Rey Perdido”, el “Gran Monarca” (pues este regio linaje tendría su origen en el vástago del propio Jesús tras su unión con Maria Magdalena, que fue llevada tras la crucifixión clandestinamente a la Galia donde se refugio, pues ya existían allí comunidades judías), está presente de incógnito entre nosotros.

 Cuando llegue el momento, se manifestará. Pero el Rey Perdido no lo estaba para todo el mundo, ya que hacía mucho tiempo que una temible sociedad secreta, el Priorato de Sión, conocía el secreto. Esta sociedad tuvo su nacimiento en la unión de tres grupos de iniciados:

 ——— En Toledo el día 22 de Julio de 1.467 empezaron las disputas entre cristianos viejos y conversos, estos últimos entraron en la catedral y mataron a dos canónigos y a algunos fieles, los cristianos consiguieron finalmente expulsar a los conversos del templo, el incidente acabo con el incendio del barrio de la Magdalena, El cabecilla de los conversos Fernando de la Torre fue ahorcado en la torre de Santa Leocadia y su hermano Alvaro en la plaza del Seco, y así fue como termino la tolerancia para los mudéjares y para los judíos, a los que a partir de entonces se excluyo de todos los cargos públicos.

———– No menos importancia tiene la herencia onomástica personal. Los nombres de origen germánico alcanzaron una enorme difusión desde los primeros tiempos de la Reconquista –llegando a superar incluso a los de origen latino–, tendencia persistente hasta hoy mismo. Y si, como sostienen algunos, los apellidos terminados en -ez tienen origen godo (se forman generalmente con nombres germánicos), la gran mayoría de los españoles, en todas las provincias, reflejan esa influencia. Influencia no étnica, pues la población goda no debió de pasar de un 5 a un 10% de la hispanorromana, sino debida, por una parte, al prestigio social de su nobleza, pues el término godo hacía referencia sobre todo a su oligarquía, más bien que a los tervingios de a pie, culturalmente más atrasados que los romanos; y por otra, y sobre todo, a un espíritu de identificación popular con la España perdida, la España hispanogoda. –