EN DIRECTO: Emisión de lo que está sucediendo en la plaza Taksim

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La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, ha corregido el error cometido este lunes, cuando citó a declarar como imputado a Eduardo Báñez González, fallecido hace 12 años y padre de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y en su lugar ha llamado a declarar a dos hermanos de la ministra.
Fuentes del caso han informado que la magistrada ha notificado este martes a las partes un auto en el que rectifica el error cometido en su anterior resolución y cita a declarar como imputados este viernes, a partir de las 15:00 horas, a Juan Nicolás y Eduardo Báñez García, hermanos de la ministra de Empleo vinculados a la empresa Construcciones Juan de Robles que presentaron una oferta para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos.
Para el próximo viernes, la magistrada ha citado a declarar también en calidad de imputados a otros cinco empresarios más, entre los que se encuentran Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, o José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa. También han sido citados a declarar como imputados por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar –empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007–, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.
Como es sabido, el procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor ‘Sanma Desarrollos Urbanísticos’, filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga.
En el auto inicial conocido este lunes, la juez considera que, “de los indicios” expuestos a lo largo del procedimiento, “puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a ésta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos de la unidad alimentaria, y asimismo idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma”.
A juicio de la instructora, las referidas entidades habrían participado en un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, “constituyendo otro indicio más a tener en cuenta las diferentes relaciones societarias existentes entre Realia Business, Sanma a través de Desarrollo Urbanístico Sevilla Este (DUSE) y Edamar, a través de Noralia, así como las relaciones puntuales que a través de UTE, compraventa de terrenos o de asociaciones de promoción inmobiliaria, han tenido algunas de las participantes” en el concurso.
En el mismo auto, la juez reclama al Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el resultado de la investigación ordenada sobre el posible enriquecimiento ilícito del exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño, también imputado en esta causa.
Estas citaciones se producen después de que, en febrero del presente año, el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil elevara un atestado al Juzgado en el que advertía de la existencia de “vinculaciones” entre la mayoría de las ocho empresas que concurrieron al concurso público para la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla. Fue el día 12 de junio de 2012 cuando la juez Mercedes Alaya requirió al Instituto Armado para que informara sobre las relaciones societarias entre las distintas empresas que participaron en el concurso público, ya que sospechaba que el concurso público estaba “predeterminado” para que la venta de los suelos de Mercasevilla se adjudicara a Sanma.

SORAYA RUBIA MARILYN

El juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia ha acordado suspender el acto de conciliación previsto para este miércoles entre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Esteban González Pons por el escrache del pasado 20 de marzo, al no constar la citación de este último, según se indica en la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press.
El vicesecretario general del PP ha vuelto a ser noticia por una cuestión relacionada con su vivienda, en este caso, porque, según denuncia la PAH, el juez parece que “no ha querido encontrar a González Pons, aunque no debe de ser difícil”, ha ironizado el abogado de la Plataforma, Ricardo Cano. Ayer, el diputado conservador por Valencia era noticia por conocerse que recibe al año cerca de 40.000 euros para vivienda, que le llegan del partido (1.455 euros al mes) y del Congreso de los Diputados (1.823 euros mensuales)
El juzgado admitió a trámite el escrito de demanda presentado por la PAH contra el vicesecretario general del PP -le acusan de haber “mentido” en los hechos que contó respecto al escrache que tuvo lugar en su vivienda- y fijó para este miércoles un acto de conciliación. Sin embargo, el juez ha suspendido este acto al no tener constancia de la citación de González Pons, según se especifica en la misma diligencia, contra la que cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días.

Oportunidad de “retractarse”

La plataforma presentó a mediados de mayo una demanda en el Registro de Entrada de la Ciudad de la Justicia de Valencia para que se fijara un acto de conciliación con González Pons y, así, darle la “oportunidad” de que se retracte de sus declaraciones relacionadas con el escrache. Si el diputado decide no dar marcha atrás, la PAH ya anunció que presentará la correspondiente querella.
En el escrito presentado en el juzgado, la PAH indicaba que González Pons, “prevaleciéndose” de su condición de figura pública de la política como diputado, y “al objeto de desviar la atención sobre su implicación personal en la trama” del caso Nóos, llamó a diversos programas de debates en los medios de comunicación y realizó numerosas declaraciones “para denigrar a las personas que participaron en el escrache en los alrededores de su domicilio, y en general a la PAH”.
A raíz de estas declaraciones -según proseguía la demanda-, miembros del PP, “especialmente los más significados extremistas” se lanzaron a “corear” los supuestos y falsos agravios padecidos por el diputado, “realizando todo tipo de descalificaciones, injurias y calumnias”. En el escrito se reiteraba que González Pons faltó “total y absolutamente” a la verdad, y que “injurió y calumnió a pleno conocimiento a los participantes en el escrache y al conjunto de integrantes de la PAH imputando hechos falsos y supuestamente delictivos sin ninguna base”.
El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia tiene abierta desde hace un par de meses una investigación por la denuncia interpuesta por González Pons respecto al escrache, que se está instruyendo.

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