Cercado por las movilizaciones cada vez más numerosas de quienes sufren en carne propia su política económica y social, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha tenido la ocurrencia de pedir una regulación restrictiva del derecho de huelga. Cuando las protestas no les gustan, los dirigentes del PP siempre reaccionan igual: hace apenas un par de meses, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, también reclamó medios legales para evitar la proliferación de manifestaciones por el centro de Madrid. Como si, limitando el derecho de huelga o impidiendo que la gente exteriorice en la calle su descontento, se pudiera cambiar el estado de ánimo de un país crecientemente disconforme con el injusto reparto de los sacrificios derivados de la crisis.
Ese reparto, además, no es un imperativo económico, sino la consecuencia natural de las políticas neoliberales que tanto gustan a una numerosa facción del PP, acaudillada desde tiempos inmemoriales por la inefable Esperanza Aguirre. Su gran objetivo ha sido siempre desmantelar el sector público, cediendo terreno a la iniciativa privada, sin importante que se resientan por ello la igualdad y la solidaridad, los dos grandes pilares sobre los que se han asentado en los últimos años la paz y la prosperidad de España. Para alcanzar sus propósitos, a algunos gobernantes del PP no les ha arredrado el abierto rechazo de amplias capas de la sociedad, que ven en peligro el Estado del bienestar construido, desde la llegada de la democracia, con el esfuerzo de todos.
Uno de los escenarios donde se está librando ese pulso entre los defensores de lo público y sus enemigos declarados es el Servicio Madrileño de Salud, que Esperanza Aguirre tenía en el punto de mira e Ignacio González quiere ahora rematar. El gobierno regional ha presupuestado para 2013 la privatización de otros seis hospitales y de 27 áreas de salud, que pasarían a ser gestionadas por particulares a quienes, como es de suponer, no les anima otra idea que hacer de la salud un negocio. No ha encontrado el PP ni un solo apoyo político para su plan, que en cambio tiene en pie de guerra desde hace un mes a médicos, enfermeros y usuarios de toda la comunidad, pese a los continuos insultos que reciben desde la derecha.
El pretexto para esta privatización es que permitirá ahorrar a las arcas regionales una elevada suma de dinero, sobre la que los miembros del gobierno de Ignacio González ni siquiera se ponen de acuerdo, pues unos hablan de 500 millones de euros y otros de 200. Tan poco claras deben de tener las supuestas ventajas reales de su decisión que la Consejería de Sanidad, a día de hoy, todavía no se ha dignado facilitar algún informe creíble que las acredite y cuantifique, aunque sólo fuera para tapar la boca a quienes las ponen en entredicho con sus protestas. Por lo que se ve, los defensores de esa y otras privatizaciones pretenden que los ciudadanos hagamos un acto de fe y creamos que lo público es malo por definición y está mal gestionado y que, por lo tanto, no merece la pena salvarlo.
Para llevarnos a esa convicción, se han propuesto perversamente dejar como unos auténticos zorros la sanidad, la educación y cuantos servicios públicos sean necesarios, asfixiándolos económicamente so capa de que hay que recortar el gasto. Una estrategia, por cierto, que no es exclusiva de los liberales españoles, sino que ha hecho fortuna en los países más vulnerables de la Unión Europea, auspiciada por el capitalismo alemán y su gran aliada, Angela Merkel.
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Bill Talen (alias el reverendo Billy) ha creado la iglesia “Basta de compras” para hacer una cruzada contra el consumismo en Estado Unidos. Imitando a los predicadores se compró un alzacuellos y se blanqueó el pelo. El reverendo y su coro viajan por los centros comerciales del país y allí cantan y lanzan su mensaje hasta que son expulsados por la policía. Es un documental al estilo de una comedia sobre la comercialización de la Navidad.
Dic
28
2012
Bill Talen (alias el reverendo Billy) ha creado la iglesia “Basta de compras
Reproducimos en su totalidad el artículo de alertaddigital.com, en el que se analiza el contenido de la Constitución Húngara. Un ejemplo de nación europea que los españoles deberíamos imitar:
GI.- Lo menos que se puede decir es que con su Constitución Hungría no sólo rompe definitivamente con el comunismo, sino que recupera con vigor unos valores occidentales básicos que el resto de países democráticos europeos tiende a ignorar. Y no hace falta leer el texto con lupa para saber los derroteros que ha tomado el país magiar. Algunas de las solemnes proclamaciones del preámbulo son suficientes.
De entrada, rinde homenaje a los símbolos patrios: “Estamos orgullosos de que nuestro rey Esteban, santo patrón de Hungría desde hace mil años, haya fundado nuestra patria sobre sólidos cimientos incorporándola a la Europa cristiana”. San Esteban (en la foto, su corona), uno de los primeros mártires del medioevo europeo, forjó la identidad húngara.
Una vez forjada esa identidad, los magiares, como recuerda su Carta Magna, contribuyeron a la construcción del Viejo Continente: “Estamos orgullosos de que nuestro pueblo haya defendido Europa durante mil años y que sus valores comunes se hayan enriquecido con sus talentos y sus esfuerzos”. Y si lo han hecho es porque son, ante todo, cristianos: “Reconocemos el papel de la Cristiandad en la pervivencia de la nación”.
Si son cristianos, la dignidad del hombre se impone: “Consideramos que la base de la existencia humana es la dignidad humana”. Y, por supuesto, todo lo anterior sólo es factible dentro del sistema de siempre: “Consideramos que la familia y la nación constituyen el marco principal de nuestra convivencia y que nuestros valores fundamentales son la fidelidad, la fe y el amor”.
Familia y vida
Sin embargo, en la nueva Constitución, la afirmación y protección de estos valores va más allá de lo enunciado en el preámbulo. Lo que significa que son de aplicación directa a falta de una ley orgánica que los desarrolle.
Los dos primeros apartados del artículo L dejan poco lugar a la duda en lo referente a protección y definición del matrimonio y de la familia. Hungría “protege la institución del matrimonio entendida como la unión voluntaria del hombre y de la mujer y considera a la familia como la clave de la supervivencia de la nación”. Asimismo, Hungría “fomentará el compromiso para tener hijos”.
Por si fuera poco, el Gobierno de Víktor Orban –la amplísima mayoría absoluta de su partido Fidesz y la colaboración de algunos de sus aliados ha permitido la aprobación de la nueva Constitución– quiere protegerse contra los intentos de la UE de introducir poco a poco el matrimonio homosexual en el todo el Viejo Continente.
En Budapest son conscientes de la presión agobiante que Bruselas ejerció sobre la vecina Eslovaquia para que derogase el Concordato que había firmado con la Santa Sede. El Concordato dispensaba a los hospitales católicos de practicar abortos y garantizaba la objeción de conciencia a los médicos. Bruselas advirtió que en esas condiciones podía peligrar la permanencia de Eslovaquia en la UE. Y Eslovaquia cedió.
Prohibida la eugenesia
Por eso no es preciso adentrarse demasiado en el texto constitucional para toparse con la protección de la vida humana. El artículo II disipa cualquier duda: “La dignidad humana es inviolable. Todo ser humano tiene derecho a la vida y a la dignidad humana; la vida fetal y embrionaria será protegida desde el momento de su concepción”.
Por si no fuera suficiente, el apartado 3 del artículo III precisa que se prohíben todas las prácticas con fines eugenésicos, la clonación humana y cualquier uso del cuerpo humano cuya finalidad sean los beneficios económicos.
Pero aquí puede surgir la principal dificultad. Como en todos los países que pertenecieron a la órbita soviética, la legislación húngara en materia de aborto es de las más liberales de Europa.
El camino de otros bloques del nuevo texto está algo más despejado. Es el caso de la libertad religiosa. Esta se protege de forma similar a la del resto de los países europeos. Sin embargo, el texto rezuma laicidad positiva por dos vías.
La primera, al plasmar el derecho de las religiones a estar presentes en el espacio público, ya sea para celebrar ceremonias o para hacer proselitismo. La segunda, al incitar a la cooperación entre el Estado y las Iglesias –principalmente la católica y la protestante– para la “consecución de objetivos comunes”.
Asimismo, se salvaguarda la familia. El artículo XV de la nueva Constitución contempla la adopción de medidas específicas para la protección de niños, mujeres, personas mayores y discapacitados.
El siguiente, el XVI, proclama valores de libertad educativa y de solidaridad intergeneracional. Los niños tienen derecho a la atención y a los cuidados necesarios para su desarrollo físico, mental y moral. Una vez adultos, tendrán que cuidar de sus padres si estos lo necesitan. Por su parte, los padres tienen la obligación de cuidar de sus hijos y de matricularles en un colegio. Y el derecho de elegir el tipo de educación que estimen más conveniente para ellos.
Cuando se quiere, se puede.
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