EN BUSCA DE TRABAJADROES PARA eurovegas

Empezamos hablando sobre cafés para enlazar con las multinacionales que hacen ingeniería fiscal para ahorrar pagar impuestos a Hacienda, hablamos de nuevas formas de ser español, comprando un piso o con un certificado sefardí, y acabamos con el cinismo de Tejero, quien denunció a Artur Mas por conspiración y traición.

Acabamos con un estudio estúpido que relaciona el ciclo menstrual de las bailarinas de strip-tease con las cantidad de propinas que reciben

Madrid anunció un paquete de medidas para facilitar la nacionalización de los judíos sefardíes, cuyos antepasados fueron expulsados de España en 1492.

Desde hace varias décadas los representantes de este pueblo tenían derecho a apelar a Madrid para obtener la nacionalidad española. Pero ahora los sefardíes, vivan donde vivan, podrán adquirir la nacionalidad española de forma automática. Es decir, esta comunidad tendrá un estatus especial que facilitará y simplificará el proceso.
Los trámites para poder conseguir la nacionalidad por carta de naturaleza se regularán en una nueva instrucción, que han presentado en la Casa Sefarad-Israel los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y de Exteriores, José Manuel García-Margallo.

La totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales se concentrarán este viernes ante el Ministerio de Justicia y ante las sedes judiciales de las capitales de provincia para protestar por la “grave” situación que atraviesa la Administración de Justicia.
Las siete asociaciones, que integran la Comisión Interasociativa, han animado a los miembros de la Carrera Judicial y de la Carrera Fiscal a unirse a las protestas que tendrán lugar a las 13.30 horas ante las sedes judiciales, con excepción de Madrid que se celebrarán a las puertas del Ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón. En Canarias, las concentraciones se producirán a las 12.30 horas.
Las reformas legislativas anunciadas en la Justicia han convulsionado al sector al afectar a su estatuto profesional, a la carga de trabajo de los tribunales y al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha suscitado el malestar de los togados al dejar en excepcional la actuación de los jueces sustitutos y de los magistrados suplentes, elevando así la carga de trabajo que soportan los titulares.
La nueva ley reduce también los permisos de los jueces, modifica su régimen de licencias por enfermedad o “debilita” su órgano de gobierno, el Consejo del Poder Judicial, según denuncian.
Rechazo unánime a las tasas
El proyecto que dispara las tasas judiciales también ha recogido el rechazo unánime de los colectivos profesionales que consideran que dificulta el acceso del ciudadano a este servicio público. La Defensora del Pueblo ha comenzado a recibir las primeras peticiones solicitando que recurra la norma ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el PSOE ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que ha recogido el rechazo de la oposición y todos los colectivos profesionales.
Los jueces y fiscales demandan unánimemente que el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón escuche sus valoraciones y propuestas para mejorar la Administración de Justicia y poner fin al “colapso” y la “sobrecarga de trabajo” que a diario se encuentran en los juzgados y tribunales.

Mientras el volumen de litigiosidad aumenta en los órganos jurisdiccionales, España cuenta con 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de los países de nuestro entorno, según un reciente informe del Consejo de Europa.

EUROPA PRESS

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